El Aniversario de la Ley de Derecho al Voto
Evoca a César Chávez
Arturo Vargas

El aniversario de los cuarenta años de la promulgación de la Ley de Derecho al Voto de 1965 representa un momento para reflexionar sobre nuestra historia y nuestros planes para el futuro. En 1952, César Chávez se unió a un grupo en pro de los derechos civiles en California, la Community Service Organization (CSO por sus siglas en inglés), para la que realizó una campaña de registro de votantes en el área de San José.

Chávez aprendió rápidamente sobre los retos que enfrentaban los latinos que querían votar. En ese entonces, los votantes no podían registrarse por correo, sino que se fiaban de los subdirectores del registro, quienes pusieron restricciones sobre los esfuerzos de la CSO por comunicarse con latinos. Los organizadores quedaron prohibidos de ir puerta en puerta, de registrar a votantes en domingo o después de ponerse el sol, y de hablar español con los votantes. Chávez también encontró que, al azar, los que trabajaban en las urnas obligaban a los latinos a tomar pruebas de lectura y escritura antes de permitir que votaran.

Chávez luchó contra la discriminación que encontró y convenció a los funcionarios de gobierno a nombrar a seis subdirectores del registro que hablaran español. Logró registrar a 6,000 latinos. Chávez también se puso en contacto con el entonces gobernador de California, Edmund G. “Pat” Brown, para protestar el trato de los latinos el día de la elección.

Las experiencias de Chávez en San José eran preludio a la lucha contra la discriminación de votantes que resultaría al promulgarse la Ley de Derecho al Voto de 1965. En 1975, el Congreso extendió las protecciones de la ley a las “minorías lingüísticas” – en esencia – votantes latinos, asiático-americanos e indígenas norteamericanos.

El 6 de agosto señala los 40 años desde la promulgación de la Ley de Derecho al Voto. Así, además de invocar la memoria de César Chávez, debemos también honrar la obra de los dirigentes de derechos civiles afro-americanos. El asesinato, en 1964, de activistas de derecho al voto y el ataque sin provocación de la policía montada sobre los que marchaban pacíficamente en Selma, Alabama, convenció al presidente Lyndon Johnson y al Congreso a emitir un llamado a favor de una ley sólida de derecho al voto. Las audiencias en el Congreso empezaron entonces sobre el proyecto que se volvería la Ley de Derecho al Voto.

Desde su promulgación, esta ley se ha convertido en una de las leyes de derechos civiles más exitosas de la historia de los Estados Unidos. Puso fin a las pruebas de lectura y escritura, impuestos cobrados en la urna y otros mecanismos prejuiciosos que prevenían a los latinos de votar. Ayudó a establecer el derecho de los latinos, y de otros grupos, a tener asistencia con el idioma durante el proceso de votar en comunidades por todo el país. Al dar fin a tantas prácticas y procedimientos de elección discriminatorios, creó igualdad de oportunidades para que grupos raciales y étnicos eligieran a los candidatos que quisieran a miles de puestos políticos estatales y federales.

En el 2007 secciones cruciales de esta ley caducarán al menos que el Congreso vote a favor de renovarlas. Estas provisiones incluyen la Sección 5, que por lo general requiere que los estados y las jurisdicciones locales cuyas prácticas electorales han sido documentadas como discriminatorias, obtengan aprobación federal antes de efectuar cambios planificados en sus leyes o procedimientos electorales. El Congreso también tendrá que renovar secciones de la ley que requiren que las comunidades con concentraciones de ciudadanos estadounidenses quienes no tienen todavía proficiencia del inglés reciban asistencia con el idioma cuando se registren y voten.

Las provisiones de la Ley de Derecho al Voto que están por renovarse han ayudado a los latinos y a otros grupos en su lucha por acceso justo y por igual en el proceso electoral. En el condado Bexar, en San Antonio, grupos de derechos civiles pudieron combatir esfuerzos por socavar la fuerza del voto latino cuando adrede los funcionarios no pusieron urnas donde pudieran llegar a votar los latinos. En diversas comunidades por toda la nación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha utilizado la Ley de Derecho al Voto para obligar a las jurisdicciones con poblaciones latinas en auge a mejorar la asistencia lingüística para votantes latinos, desde los condados de San Benito, San Diego y Ventura en California, a los de Orange y Osceola en la Florida, a los de Suffolk y Westchester en Nueva York, al condado de Yakima, en el estado de Washington.

El legado de César Chávez nos da la oportunidad de honrar su dedicación sin tregua a la lucha por la justicia al asegurar que nuestros legisladores guarden y fortalezcan las herramientas necesarias que realzarán la vitalidad de la democracia de nuestra nación. El siguiente paso crítico es la reautorización de la Ley de Derecho al Voto de 1965.

(Arturo Vargas es director ejecutivo del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Elegidos y Nombrados (NALEO). Comuníquese con él por correo electrónico a: info@naleo.org)

© 2005, Hispanic Link News Service
08/07/05
FIN