Ejecucion Local de Leyes de Inmigracion un Sustituo Peligroso Para Accion Comprensiva Federal
John Trasviña     [Photo]

La falta de liderazgo de la administración de Bush y el enfoque sobre ejecución de la ley de inmigración a exclusión de otras medidas que propone la Cámara de Representantes han resultado en envalontar a legisladores estatales y locales a intentar poner en acción políticas propias de inmigración.

Mucha de la legislación ha sido restrictiva y de sobremanera negativa en su alcance. El Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) y otros grupos defensores de los derechos de inmigrantes, religiosos y de trabajo se han opuesto vigurosamente a la legislación. En la medida en que el Senado estadounidense se prepara a presentar reformas comprensivas del sistema de inmigración, abogados y defensores deben prestar mucha atención a las legislaturas estatales y locales también.

Según la Constitución de los Estados Unidos, el establecer políticas de inmigración pertenece a la competencia del gobierno federal. Típicamente, en casos que interpretan la Claúsula de Supremacía de la Constitución, las responsabilidades en la naturalización de nuevos ciudadanos, ejecución de leyes referentes a las fronteras y el mar, y el otorgar o denegar entrada a los Estados Unidos se consideran funciones federales.

Sobre esta base, MALDEF el verano pasado ayudó a contrarrestar exitosamente las acciones de dos jefes de policía en Nueva Hampshire, quienes querían aplicar leyes estatales contra la intrusión en propiedad ajena a ocho latinos supuestamente en los Estados Unidos ilegalmente y por ende, según la policía, en sus pueblos sin autorización.

Si los casos hubieran prevalecido, los jefes de policía en ciudades y pueblos por todo el país – sin capacitación ni comprensión de las categorías de inmigración ni la documentación – sin el amparo de la ley habrían podido aplicar leyes similares a la de intrusión en sus propias jurisdicciones.

La ejecución de leyes de inmigración por parte de agentes del orden locales sin capacitación puede llevar al fichaje racial, en el que la policía exija la presentación de documentos de individuos que perciban “parecen extranjeros”, sin hacer caso de su estado de ciudadanía o inmigración. Así ha ocurrido con sanciones laborales, en las que, por unas dos décadas, muchos patrones de obreros latinos han pedido documentos más allá de lo que la ley requiere.

Una consecuencia aun más peligrosa de la participación de agentes locales del orden en la ejecución de las leyes de inmigración es el perjuicio que surte sobre las relaciones entre la policía y la comunidad. Por ejemplo, los agentes locales del orden tienen dificultad en instruir y asegurar a las víctimas de la violencia doméstica y sus defensores que el mismo policía que responda al llamado de auxilio no usará su nueva autoridad en la ejecución de las leyes de inmigración para presionar a los testigos o a miembros de la familia a cooperar en una investigación.

Cualquier jurisdicción que quiera ejecutar leyes de inmigración debe cerciorarse de instruir a los miembros de la comunidad sobre el alcance legal de su autoridad. En gran parte las jurisdicciones locales se quedan tanto responsables de defender sus acciones como sujetas a pagar por ellas.

A mediados de la década de los noventa, cuando agentes del orden en Chandler, Arizona, realizaron redadas en conjunto con el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), el predecible alboroto resultante se dio en la comunidad latina local. La ciudad de Chandler, no el gobierno federal, tuvo que pagar $500,000 a miembros de la comunidad cuyos derechos civiles habían sido violados.

Otra área en la que las ordenanzas locales se combinan con leyes de inmigración está en la prohibición a los jornaleros que buscan empleo a reunirse en lugares de mucho tránsito. En el 2005, MALDEF consiguió órdenes judiciales que obstruían la implementación de ordenanzas en dos comunidades del sur de California. La organización continúa con el monitoreo de ordenanzas que rigen en contra de los jornaleros y pendiente de los pleitos contra propuestas restrictivas.

Más recientemente, las ciudades de Herndon, Virginia y Burbank, California han promocionado la operación privada de centros de trabajo que albergan a los trabajadores y que reducen la posibilidad de molestar a los de las casas o negocios circundantes.

Además, la ciudad de Los Angeles contempla lo que muchos consideran ser legislación modelo que requeriría que los centros temporales de trabajo se reubiquen en la propiedad de los almacenes muy grandes de materiales de construcción. En tanto que los pequeños empresarios de las industrias de construcción y renovación de viviendas sigan buscando y contratando a trabajadores temporales, los trabajadores – no todos indocumentados – se reunirán para darles el encuentro. Este enfoque funcional permite que las autoridades locales promuevan la contratación segura y asegurada sin enmiscuirse en la competencia federal de establecer políticas de inmigración.

La administración de Bush y el Congreso deben dirigirse a los problemas de inmigración de nuestra nación con una solución comprensiva que incluya mejoras necesarias en la ejecución de la ley así como canales legales de ajuste del estado migratorio de los trabajadores indocumentados para que continúen contribuyendo a las comunidades locales.

El mosaico de medidas locales no reemplaza la acción federal. El permitir que las autoridades locales ejecuten leyes federales de inmigración, sin capacitación, recursos ni educación de la comunidad resulta en no sólo crear mayores problemas, sino también en que propicien peligros las mismas autoridades que han jurado proteger a las comunidades.

(John Trasviña es vicepresidente principal de Legislación y Políticas del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación. Comuníquese con él por correo electrónico a: jtravina@maldef.org)

© 2006 Hispanic Link News Service
1/29/06
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