Para los Trabajadores Estadounidenses de la Frontera, 'Capacitacion Laboral' Implica mas que Aprender Ingles
Ryan Hess y Cecilio Morales

El aprender más inglés no basta para conseguir un buen trabajo. Al menos así parece ser la esencia de un arreglo judicial federal del mes pasado.

El tema trata de la querella de trabajadores manufactureros de El Paso, Texas – en su mayoría de habla hispana – que, aunque hubieran comprobado que tienen derecho a la Federal Trade Assistance (Asistencia de Comercio Federal), se les había enviado sin razón a instrucción básica del inglés, y no a capacitación en el campo de trabajo, ni a cursos técnicos bilingües

Si bien fuera un error sin mala intención, o simplemente un desvío burocrático, el esfuerzo resultó ser caro. Según auditoría realizada por el inspector general del Departamento de Trabajo, se malgastó hasta $106 millones en esfuerzos que produjeron empleos de cinco y seis dólares la hora.

El pueblo de río vadeable de los trabajadores (población 560,000), socio menor de Ciudad Juárez (población 1.1 millones) justo cruzando la frontera con México, es cuna desde 1963del sistema binacional – maquiladora – que se vale de la mano de obra mexicana para ensamblar componentes de los Estados Unidos en productos finales. Los productos, por ende, se pueden marcar “Made in USA”, por lo que se producen en plantas gemelas en EEUU y México.

Grupos defensores tildaron a El Paso el “punto cero” del Tratado de Libre Comercio Norteamericano de 1994, por lo que perdió miles de trabajos al pacto. Unos 6,472 trabajadores calificaban para recibir la asistencia apenas en los primeros dos años del programa. Se puso tan difícil el mercado laboral que se dice que algunos trabajadores estadounidenses cruzaron la frontera hacia el sur para trabajar ilegalmente en México.

Con la ayuda de otros grupos de interés, la Asociación de Trabajadores Fronterizos demandaron al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos con dos pleitos relacionados en el 2002 y el 2004. Los pleitos cuestionaron reglamentación federal que permitía que agencias estatales y locales ofrecieran cursos de inglés básico como si fuera “capacitación”.

La actual ley de comercio (Trade Act) exige capacitación en el lugar de trabajo como primera prioridad, y exige que los funcionarios de programas se establezcan la meta de ayudar a los trabajadores estadounidenses reemplazar en sus nuevos puestos como mínimo 80 por ciento del salario que ganaban en sus empleos anteriores, pero la meta no figura en la reglamentación.

Funcionarios locales de capacitación laboral se defendieron de la auditoría, notando que el ajuste comercial se dirigía originalmente a trabajadores de fábrica, de mediana edad, clase media, de habla inglesa del noroeste y el centro del país. (Los mismos trabajadores sufrieron su propia debacle económica tras la implementación de la ley de comercio en 1974, de la cual nunca se han restituido los salarios promedio, con ajustes para la inflación). Los funcionarios locales de capacitación laboral explicaron que la gente a la que servía en el El Paso era menor, tenía menos educación formal y menos destrezas.

Los auditores tal vez tuvieran fundamento para decir que los trabajadores habían alcanzado, como promedio, el noveno grado, y no sólo el tercero, como decía la gente local.

No obstante, seguimos hablando de trabajadores de maquiladoras en El Paso con bastante menos que un diploma de secundaria, contra los trabajadores en fábricas de fundición y líneas de ensamblaje que alimentaban las chimeneas de los estados de producto industrial, básicamente empleados con altos ingresos, sindicalizados, muchos con al menos algunos cursos universitarios.

Al más preocupante es la observación de parte de los auditores federales que al menos algunos de los trabajadores de El Paso, cuyos colegas luego entablarían pleitos, estaban “interesados en las necesidades con relación a la paga, y no al empleo”. La defensa “reina del bienestar”, comprobada falsa y ya pasada, no podrá servir muy bien al gobierno federal.

Hace falta una limpieza de gafas por todos lados. Por fortuna, las partes acordaron frente a un juez que el efecto final no era deseable. Con educación o no, se ha debido impartir las destrezas laborales.

“Los trabajadores hispanos, quienes pierden buenos trabajos a la competencia de ultramar, acaban muchas veces con puestos con salario mínimo que hubieran podido conseguir hasta antes que los contribuyentes a las arcas federales invirtieran miles de dólares en la llamada capacitación”, indica la Asociación en los archivos judiciales.

El arreglo ahora pide un programa de capacitación de dos años con un costo de $6 millones, administrado por la Upper Rio Grande Workforce Development Board, en El Paso. Además, la Employment and Training Administration federal debe emitir ahora nueva “orientación” que defina lo que requiere la programación para ser considerada apta como capacitación para propósitos de los ajustes comerciales.

Un borrador de la orientación dice que la educación básica, cuando se ofrece como un programa independiente, financiado con fondos federales se permitirá sólo cuando las evaluaciones muestren que un individuo que ya cuenta con destrezas laborales cotizadas pero que requiere de algunos cursos básicos, como inglés, para conseguir un empleo.

“Ahora todos los trabajadores desplazados tendrán la oportunidad de recibir capacitación para otros empleos, como era la intención del Congreso. El gobierno por fin responde al problema”, concluye Michael Kirkpatrick, abogado para el grupo de interés liberal, Public Citizen, que obró en apoyo a la demanda de los trabajadores.

(Ryan Hess y Cecilio Morales editan Employment & Training Reporter en Washington, D.C. Comuníquese con ellos en: editor@miipublications.com)

© 2006 Hispanic Link News Service
2/12/06
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